Al-Bashir ha asegurado que la CPI no está "moralmente capacitada" para emitir una orden de arresto contra él: "Aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moral u objetivamente para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de la riqueza de los pueblos” .
Él considera que la orden de arresto es una represalia por no aceptar el colonialismo otra vez y que él solamente quiere lograr la paz en su país.
Sorprendentemente, dicha posición se encuentra apoyada por miembros de la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Africana junto con China y Rusia, quienes tienen una actitud de desconfianza en el proceso que se está realizando. Tal vez es una manera de cubrirse las espaldas, frente al importante trabajo realizado por la CPI.
El Gobierno sudanés ante la orden de arresto contra al-Bashir ha sido la de expulsar a 13 organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario ya que el Gobierno de Jartum asegura que no puede garantizar la seguridad de las ONG. Ante esta aseveración, quienes trabajan en dichas organizaciones han tenido que salir del país a fin de proteger sus vidas. Lamentablemente, pensamos que la salida de estas organizaciones solo puede hacer más vulnerables a la población civil y en especial a las mujeres y niños.
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