El 14 de julio de 2008 la orden de arresto fue realizada pero recién un año después, la CPI dictó una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, fundamentada con los cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Darfur.
Éste es un hecho sin precedentes en la historia del mundo porque es el primer presidente buscado por la CPI por crímenes de violaciones a los derechos humanos.
Infortunadamente, la Constitución de Sudán le otorga inmunidad penal al jefe del Estado mientras ocupe el cargo a pesar que ningún instrumento internacional ha reconocido la inmunidad en el caso de cargos como por los que es denunciado.
Por otra parte, Amnistía Internacional pide, desde abril del 2007, la detención y entrega a la Corte del ministro para Asuntos Humanitarios del gobierno sudanés Ahmad Harun y del jefe de la milicia yanyawid Ali Kushayb, ambos acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. En ninguno de los tres casos, el gobierno sudanés quiere colaborar a pesar de la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad, en la cual las autoridades sudanesas tendrían que cooperar con la CPI aunque no formaran parte de ella.
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